Colombia ratifica el Convenio 190 de la OIT: un paso histórico hacia un trabajo libre de violencia y acoso

Con la aprobación en último debate legislativo, Colombia ratificó oficialmente el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), marcando un hito en la protección de los derechos laborales y en la construcción de espacios de trabajo libres de violencia y acoso, especialmente por razón de género.

Este convenio internacional fue adoptado el 21 de junio de 2019, durante la 108ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en el marco del centenario de la OIT, y entró en vigor el 25 de junio de 2021. Desde entonces, ha sido reconocido como el primer instrumento internacional vinculante que garantiza el derecho de toda persona a un entorno laboral seguro y respetuoso.

¿Qué establece el Convenio 190?

El Convenio 190 establece un marco claro para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo de manera explícita la violencia de género. Parte del reconocimiento de que estos fenómenos constituyen violaciones a los derechos humanos y son una amenaza directa al trabajo decente.

Puntos clave del convenio:

 Reconocimientos fundamentales:

  • La violencia y el acoso en el trabajo vulneran los derechos humanos.

  • Impactan negativamente en la salud física, mental y económica de las personas.

  • Afectan de forma desproporcionada a las mujeres y a grupos históricamente vulnerables.

 Definiciones principales:

  • Violencia y acoso: Conductas inaceptables, sean repetidas o no, que puedan causar daño físico, psicológico, sexual o económico.

  • Violencia y acoso por razón de género: Actos motivados por el sexo o género de una persona, o que afectan mayoritariamente a un género específico. Incluye el acoso sexual.

 

 

CTC respalda la reforma laboral y llama a fortalecer el diálogo social

La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), a través de un comunicado oficial, hizo un llamado a la Comisión Cuarta del Senado y a su militancia para respaldar la reforma laboral, destacando su importancia como una oportunidad histórica para dignificar el trabajo decente en el país. La CTC apoya la recuperación de derechos fundamentales como el pago justo de las horas extras nocturnas y los recargos dominicales y festivos al 200 %, enfatizando la necesidad de una reforma progresiva que fortalezca tanto los derechos de los trabajadores como la libre empresa. Asimismo, invita a empleadores y centrales sindicales a mantener un diálogo social respetuoso, articulado y orientado a resultados que impulsen la generación de empleo digno y una economía más sólida y sostenible.

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Sindispetrol fortalece su compromiso social y laboral

En las instalaciones de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la junta directiva nacional de Sindispetrol, sostuvo una importante reunión orientada al fortalecimiento de la dimensión social, el impulso del sector microempresarial, el desarrollo de la empleabilidad y la generación de nuevas oportunidades y mejoras salariales para las trabajadoras y los trabajadores del país.

Desde este espacio, respaldado por el movimiento «Soy porque somos», y con el apoyo organizativo de la CTC, Sindispetrol reafirmó su compromiso de actuar de manera combativa, firme y comprometida en defensa de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora colombiana.

Durante el encuentro, se acordó la creación de mesas de trabajo regionales para atender las necesidades específicas de distintos territorios, canalizadas a través de las subdirectivas de Sindispetrol. Entre las prioridades se encuentran el sector pesquero y energético en Bolívar, el sector energético en los Llanos Orientales y el fortalecimiento del trabajo de los recicladores, buscando transformar sus condiciones laborales y abrir nuevas oportunidades en sectores tradicionalmente olvidados.

Sindispetrol destacó la importancia de desarrollar una gestión social y comunitaria sólida, en concordancia con sus estatutos, para responder de manera efectiva a los retos actuales de los trabajadores en todo el país.

 

Trabajo sin garantías: así sobreviven los repartidores de Rappi

Cada mañana, en el parque principal del municipio de Mosquera, Cundinamarca, se congrega un grupo de trabajadores  invisibilizados, aunque esenciales para el ritmo urbano actual: los repartidores de Rappi. Entre ellos está Javier Quiñones, líder de Sinatrap- Agremiar, Mosquera y domiciliario activo de Rappi, quien junto a sus compañeros, se prepara para una nueva jornada cada mañana. Sin sede, sin infraestructura, sin derechos laborales garantizados, sobre sus hombros descansa la responsabilidad de conectar al comercio con el consumidor.

“Nos reunimos aquí porque no tenemos otro sitio”, cuenta Javier. “Rappi no ha gestionado con la Alcaldía un punto de encuentro para nosotros. No tenemos donde parquear, no hay baños, no hay sombra cuando llueve… y cuando llega tránsito o la policía, nos multan o se llevan las motos”.

Invisibles, pero esenciales

A pesar de ser una pieza clave en el movimiento económico del municipio —especialmente en restaurantes, supermercados y tiendas—, los trabajadores de plataforma carecen de lo más básico para desarrollar su labor dignamente. No tienen un punto para cargar sus celulares, un espacio para descansar ni una oficina donde presentar inquietudes. “No hay un jefe de zona, no sabemos a quién acudir. Estamos solos”, dice el domiciliario.

Las condiciones de trabajo que describen rayan en la precariedad. Aunque los usuarios pueden creer que estos repartidores cuentan con beneficios por parte de la aplicación, la realidad es otra. “Nosotros compramos nuestras maletas. Valen unos $165.000. La gente piensa que nos las da Rappi, pero no es así. Tampoco tenemos chaquetas, ni impermeables. Si queremos protección, la pagamos de nuestro bolsillo”, denuncia.

No se reconoce el esfuerzo

La lógica de pago también genera profundas injusticias. Por ejemplo, cuando están en Mosquera y reciben un pedido desde Funza, la app solo paga desde el restaurante hasta el destino final, sin contar los kilómetros que recorre el trabajador para ir a recoger el pedido. “Esos recorridos los hacemos gratis. Un pedido que debería costar $9.000, nos lo pagan a $3.050”, señala Javier.

Los “dobletes” o “tripletes” —pedidos múltiples en un mismo recorrido— no son mejor pagos, sino al contrario. “Nos hacen recoger dos o tres domicilios y solo nos pagan como si fuera uno solo. Al cliente sí le cobran por cada uno, pero a nosotros no”.

Y si algo sale mal —una fila larga en el supermercado, un restaurante cerrado, una cancelación del usuario— la penalización recae sobre el repartidor. “Eso nos baja la tasa de finalización. Si estás en rango diamante y te bajan a plata o bronce, en vez de recibir 18 pedidos al día, pasas a 3 o 5. Nos afecta directamente el bolsillo”, añadió Yosbert Gilbert Romero, líder de Sinatrap, Mosquera.

Sin derechos, sin respaldo

Los accidentes son otra realidad crítica. “Si tenemos un accidente, nos dicen que tenemos 10 o 15 minutos para reportar. Pero mientras llegan, ya puede haber pasado lo peor. Ha habido compañeros que han muerto o quedado amputados, y Rappi no responde con seguro ni pensión. No tenemos ningún respaldo real”, denunció Alfredo Vera, líder de Sinatrap, Mosquera, Cundinamarca. 

Organización y dignidad

A pesar de las dificultades, hay esperanza en la organización colectiva. “Estamos tratando de construir la presencia del sindicato en la zona, porque solos no podemos. Queremos que se escuche nuestra voz, que se reconozca nuestro trabajo y que no se vulneren más nuestras condiciones laborales”.

La Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC acompaña este proceso, reafirmando que los trabajadores de plataformas también tienen derecho a condiciones dignas, a protección y a ser tratados como lo que son: trabajadores.

“Muchos creen que tenemos hora de almuerzo, pero justo a esa hora es cuando más pedidos salen. Comemos lo que podemos, como podemos. Y muchas veces nos juzgan por errores de otros. Nos dicen que nos robamos pedidos. Pero no todos somos así. Solo pedimos que no nos metan a todos en el mismo saco”, concluyó Javier Quiñonez.

La CTC seguirá visibilizando la realidad de los trabajadores de plataforma y respaldando su organización. Porque el trabajo digno no es un privilegio: es un derecho.

 

 

Propuesta de cuestionario para la Consulta Popular

Las principales centrales sindicales del país —la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT)— presentaron de manera conjunta una propuesta de cuestionario para la Consulta Popular sobre derechos laborales, dirigida al Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y a los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino, y del Interior, Armando Benedetti.

Esta iniciativa, respaldada por la Plataforma Laboral, refleja el compromiso del movimiento sindical con la búsqueda de transformaciones estructurales que erradiquen la precariedad laboral, combatan la discriminación y recuperen derechos fundamentales arrebatados a los trabajadores y trabajadoras colombianos.

Un cuestionario con enfoque en justicia laboral

La propuesta surge como respuesta a la necesidad urgente de construir un modelo laboral más justo, democrático e inclusivo. Entre sus principales objetivos se encuentra la erradicación de la informalidad, el fortalecimiento del contrato laboral estable, y la prohibición de la tercerización de las actividades esenciales en las empresas, una práctica que ha deteriorado la calidad del empleo en el país.

Siguiendo ejemplos exitosos como el de México, donde se prohibió la subcontratación en el núcleo del negocio empresarial, el movimiento sindical colombiano propone adoptar medidas similares para garantizar la estabilidad laboral y los derechos de todos los trabajadores, incluidos rurales y contratistas.

Combate a la discriminación estructural en el trabajo

El documento también hace énfasis en el combate a la discriminación laboral, proponiendo establecer la presunción de discriminación en casos relacionados con criterios históricamente excluyentes y exigir a los empleadores la carga de la prueba. Además, se plantea la reparación integral de derechos vulnerados, incluyendo la reincorporación laboral como medida efectiva de justicia.

Negociación colectiva solo con organizaciones sindicales

Otro punto clave de la propuesta es limitar la negociación laboral a organizaciones sindicales legalmente constituidas, una medida alineada con los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con ello, se busca proteger el derecho de asociación y fortalecer la negociación colectiva como herramienta de equilibrio en las relaciones laborales.

Restablecimiento de derechos eliminados por la Ley 789 de 2002

El movimiento sindical también plantea la recuperación de los derechos laborales eliminados por la reforma de 2002, que afectó negativamente las condiciones de trabajo nocturno, dominical, la estabilidad ante despidos y el contrato de aprendizaje. La evidencia demuestra que tales cambios no generaron los beneficios prometidos y, en cambio, profundizaron la desprotección de los trabajadores.

Una propuesta legal, legítima y construida colectivamente

Las centrales obreras destacan que esta propuesta cumple con los estándares establecidos por la Corte Constitucional para las consultas populares: claridad, objetividad, pertinencia e interés general. Además, está en consonancia con los principios y objetivos de la Reforma Laboral impulsada por el actual gobierno.

Compromiso sindical con el país

El movimiento sindical reafirma su voluntad de participar activamente en esta consulta popular, un anhelo de décadas para el pueblo trabajador colombiano. Esta propuesta de cuestionario es una muestra de su compromiso con los derechos laborales y la justicia social, que también se verá reflejado en movilizaciones masivas a lo largo y ancho del país.

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Vendedoras del Malecón de Leticia: entre el abandono y la incertidumbre

Desde el corazón del Amazonas colombiano, en el Malecón de Leticia, se alza una voz que representa a decenas de mujeres cabeza de hogar que hoy enfrentan una realidad difícil. A pocos metros de la isla de La Fantasía y con la frontera de Perú al frente y Brasil al costado, este punto fronterizo no solo es geográficamente especial, sino también un centro de lucha diaria por la dignidad y el trabajo informal.

«Estamos aquí, en el Malecón de Leticia, pero nos sentimos como si estuviéramos en un juego de pin pon», comentó una vendedora con más de 30 años de experiencia en la zona. Se refiere a las constantes órdenes del alcalde local, que los mueve “de aquí para allá y de allá para acá” sin ofrecer soluciones concretas ni considerar la realidad de quienes viven de este espacio.

El malestar crece entre los comerciantes. Las amenazas de reubicación sin un plan ordenado ni concertado, han generado un ambiente de desconfianza. Las vendedoras no se oponen a la organización del espacio, pero piden que haya diálogo, respeto y sentido común. “Si van a reubicarnos, primero hay que organizarnos: los que venden asado en una parte, los de cafetería en otra, por secciones”, propone una de ellas, buscando mejorar tanto la imagen del lugar como las condiciones de trabajo.

Hoy, el Malecón luce desordenado, afectado por la informalidad, la falta de servicios básicos y la creciente presencia de problemáticas sociales como la drogadicción, que también ahuyenta a los turistas. “¿Cómo va a querer un turista sentarse a comer entre el humo, las cosas en mal estado, y encima ver tanta drogadicción?”, se pregunta con frustración una de las mujeres.

La situación es crítica: los turistas ya no consumen como antes, y la economía del lugar depende en gran parte de los habitantes de las veredas y del río. Sin apoyo del gobierno municipal ni departamental, muchas de estas mujeres sienten que están solas, invisibles para las instituciones.

“Somos madres cabeza de hogar, trabajamos desde las 3 de la mañana hasta la tarde, y no tenemos un salario digno. Solo pedimos que nos dejen trabajar en paz”, concluye una de las vendedoras, haciendo un llamado a la unidad de sus compañeras y al respeto por su labor.

Este testimonio no solo refleja el abandono institucional, sino también la urgencia de crear políticas públicas que dignifiquen el trabajo informal en las regiones más apartadas del país. Porque detrás de cada puesto de venta en el Malecón de Leticia, hay una historia de esfuerzo, de lucha y de resistencia.