Continúa la Negociación Estatal: Centrales obreras rechazan propuesta salarial del Gobierno

Durante la tercera jornada de la Negociación Nacional Estatal de Empleados Públicos, el Gobierno Nacional presentó una propuesta de incremento salarial correspondiente al IPC más un 1.3%. Si bien esta oferta representa una mejora con respecto a las propuestas de administraciones anteriores, las centrales obreras y federaciones sindicales consideran que sigue siendo insuficiente para responder a las necesidades y expectativas de los trabajadores estatales.

Las organizaciones CTC, CUT, CGT, FECODE, FECOTRASERVIPÚBLICOS, UTRADEC, ÚNETE y FENALTRASE manifestaron su inconformidad y presentaron una contrapropuesta que esperan sea analizada de forma seria por parte del Gobierno. La mesa de negociación se reanudará el próximo martes 29 de abril, y las partes buscan alcanzar un acuerdo que dignifique las condiciones laborales, salariales y prestacionales de los empleados públicos del país.

Además, las centrales sindicales reafirmaron su compromiso con la lucha por la justicia laboral y social, y expresaron su respaldo a las reformas sociales y al proceso de consulta popular por el «Sí». Hicieron un llamado a todas las trabajadoras y trabajadores a mantenerse atentos y participar activamente en las convocatorias que se promuevan en apoyo a las negociaciones y las movilizaciones sociales.

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Propuesta de cuestionario para la Consulta Popular

Las principales centrales sindicales del país —la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT)— presentaron de manera conjunta una propuesta de cuestionario para la Consulta Popular sobre derechos laborales, dirigida al Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y a los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino, y del Interior, Armando Benedetti.

Esta iniciativa, respaldada por la Plataforma Laboral, refleja el compromiso del movimiento sindical con la búsqueda de transformaciones estructurales que erradiquen la precariedad laboral, combatan la discriminación y recuperen derechos fundamentales arrebatados a los trabajadores y trabajadoras colombianos.

Un cuestionario con enfoque en justicia laboral

La propuesta surge como respuesta a la necesidad urgente de construir un modelo laboral más justo, democrático e inclusivo. Entre sus principales objetivos se encuentra la erradicación de la informalidad, el fortalecimiento del contrato laboral estable, y la prohibición de la tercerización de las actividades esenciales en las empresas, una práctica que ha deteriorado la calidad del empleo en el país.

Siguiendo ejemplos exitosos como el de México, donde se prohibió la subcontratación en el núcleo del negocio empresarial, el movimiento sindical colombiano propone adoptar medidas similares para garantizar la estabilidad laboral y los derechos de todos los trabajadores, incluidos rurales y contratistas.

Combate a la discriminación estructural en el trabajo

El documento también hace énfasis en el combate a la discriminación laboral, proponiendo establecer la presunción de discriminación en casos relacionados con criterios históricamente excluyentes y exigir a los empleadores la carga de la prueba. Además, se plantea la reparación integral de derechos vulnerados, incluyendo la reincorporación laboral como medida efectiva de justicia.

Negociación colectiva solo con organizaciones sindicales

Otro punto clave de la propuesta es limitar la negociación laboral a organizaciones sindicales legalmente constituidas, una medida alineada con los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con ello, se busca proteger el derecho de asociación y fortalecer la negociación colectiva como herramienta de equilibrio en las relaciones laborales.

Restablecimiento de derechos eliminados por la Ley 789 de 2002

El movimiento sindical también plantea la recuperación de los derechos laborales eliminados por la reforma de 2002, que afectó negativamente las condiciones de trabajo nocturno, dominical, la estabilidad ante despidos y el contrato de aprendizaje. La evidencia demuestra que tales cambios no generaron los beneficios prometidos y, en cambio, profundizaron la desprotección de los trabajadores.

Una propuesta legal, legítima y construida colectivamente

Las centrales obreras destacan que esta propuesta cumple con los estándares establecidos por la Corte Constitucional para las consultas populares: claridad, objetividad, pertinencia e interés general. Además, está en consonancia con los principios y objetivos de la Reforma Laboral impulsada por el actual gobierno.

Compromiso sindical con el país

El movimiento sindical reafirma su voluntad de participar activamente en esta consulta popular, un anhelo de décadas para el pueblo trabajador colombiano. Esta propuesta de cuestionario es una muestra de su compromiso con los derechos laborales y la justicia social, que también se verá reflejado en movilizaciones masivas a lo largo y ancho del país.

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El viacrucis por los medicamentos: la salud de los colombianos no puede esperar

El sistema de salud en Colombia ha enfrentado una crisis sin precedentes. En múltiples ciudades, miles de personas —entre ellas adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades graves como cáncer o diabetes—han soportado interminables filas en los dispensarios, aferrados a la esperanza de recibir sus tratamientos. Sin embargo, al final del recorrido, muchos se encontraron con una realidad desoladora: los medicamentos que necesitaban no estaban disponibles. La incertidumbre y la impotencia se convirtieron en parte del diagnóstico diario para quienes más urgían atención.

Desde la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) alzamos la voz para exigir al Gobierno Nacional respuestas inmediatas. No se puede seguir postergando la solución de una problemática que ha afectado a miles de ciudadanos y puesto en riesgo sus vidas

“Colombia tiene, hasta el momento, ocho EPS intervenidas y, aunque el debate sobre la reforma a la salud continúa en el Congreso, lo más preocupante es que más de 651.000 pacientes con cáncer —equivalente al 1,28% de la población— enfrentan su enfermedad sin el apoyo mínimo que debería garantizar el Estado: el acceso a sus tratamientos”, indicó John Jairo Caicedo, presidente de la CTC.

Esta crisis no puede reducirse a un debate técnico o político entre quienes apoyan o rechazan el nuevo modelo de salud. “Los más perjudicados han sido los usuarios: la ciudadanía trabajadora, la población de a pie, los familiares de quienes sufren y no encuentran respuestas. Y como CTC Colombia, no podíamos mantenernos al margen. Fue nuestra responsabilidad ética y sindical pronunciarnos con firmeza”, añadió el presidente. 

Desde la CTC se propuso la creación de una comisión nacional de seguimiento a la crisis de medicamentos, integrada por actores sindicales, técnicos en salud, y representantes de los usuarios, que elevará propuestas concretas y realizará veeduría sobre el cumplimiento de las obligaciones del sistema.

La CTC continúa apoyando las luchas que representarán mejoras reales para los colombianos, pero también cuestionó con responsabilidad aquellas decisiones que profundizaron las brechas o agravaron el sufrimiento del pueblo.

Dura realidad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Leticia

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Leticia alberga no solo a personas privadas de la libertad, sino también a servidores públicos que, con compromiso y valentía, enfrentan a diario los desafíos propios de su labor. Uno de ellos es Diego Calderón, miembro activo del sindicato SEUP Leticia, quien compartió su experiencia, marcada por el sacrificio, la convicción y la defensa de los derechos laborales.

Desde hace 29 meses, Calderón se desempeña como dragoneante en el centro penitenciario. Su jornada inicia a las 7:00 a.m. y culmina a las 5:00 p.m., prestando servicios de seguridad en los pabellones. Una rutina exigente, que demanda firmeza, entrega y un profundo sentido del deber. En sus palabras:

“No es un trabajo fácil, en el día a día uno arriesga mucho la vida”.

La decisión de pertenecer al sindicato SEUP no fue tomada a la ligera. Para él, esta organización representa una estructura con trayectoria, fortaleza y compromiso en la defensa de los derechos de los servidores penitenciarios:

“Nos ha apoyado mucho, especialmente en momentos donde el respaldo del Estado ha sido insuficiente. El sindicato garantiza nuestros derechos, y eso nos hace sentir acompañados y protegidos”.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. Hace apenas un mes, el equipo vivió uno de sus momentos más dolorosos: la pérdida de un compañero, víctima de un atentado con arma de fuego mientras cumplía con su labor.

“Fue muy duro. Estaba descansando cuando me enteré. Al día siguiente, cuando regresé al trabajo, nos dieron la noticia. Él luchó por su vida, pero las heridas fueron demasiado graves”, recordó con tristeza.

Los desafíos en el centro penitenciario no se limitan a los enfrentamientos o disturbios internos. La infraestructura deficiente representa un riesgo adicional. Calderón explicó:

“El comandante de la parte interna debe manejar tres pabellones, pero la estructura no permite una adecuada visualización del orden público, lo que dificulta la tarea”.

Aun así, el compromiso del personal permite mantener la disciplina y el respeto por los derechos humanos.

El dragoneante también destacó la importancia de la presencia de la CTC en la región:

“Leticia ha sido una zona olvidada por muchos, y la presencia de la CTC representa un gran respaldo. Es clave que se visibilicen las condiciones en las que trabajamos. Eso nos llena de esperanza, porque sabemos que, al conocer la realidad, pueden llegar soluciones”.

Este testimonio nos recuerda que detrás de cada uniforme hay seres humanos que arriesgan su vida cada día para garantizar la seguridad y el orden. Que existen regiones apartadas donde el compromiso institucional y sindical no es solo necesario, sino vital. Y que el reconocimiento, la presencia y la acción son esenciales para construir un sistema penitenciario más justo, digno y humano.

 

 

La lucha de las trabajadoras informales en Leticia, Amazonas

Mientras se realizaba la apertura de la CTC seccional Amazonas, en Leticia, vendedoras ambulantes del puerto principal fueron desalojadas sin previo aviso. En lugar de reconocimiento y apoyo, recibieron presión, desplazamiento y silencio institucional.

Durante la jornada de socialización y convocatoria para fortalecer la organización sindical en la ciudad, la alcaldía inició el desmonte de los puestos donde históricamente las trabajadoras han comercializado sus productos para sostener a sus familias.

“Nos están presionando. Mire, ahorita no tenemos para surtir. Hacemos préstamos gota a gota para volver a surtir. ¿Cómo vamos a pagar si no vendemos nada?”, expresó una de las vendedoras.

“No valemos nada”: el grito de la informalidad ignorada

Muchas de estas mujeres cumplen con los requisitos legales y sanitarios, incluidos certificados de manipulación de alimentos. Sin embargo, son tratadas con desprecio y criminalización. Denuncian que frecuentemente reciben operativos policiales, decomisos y maltrato.

“Nos echan la policía cada rato… Reciben presión y hasta golpizas por estar acá tratando de organizarse”, denunciaron.

Sus productos terminan en la basura, sus esfuerzos son invisibilizados y su derecho al trabajo es ignorado. La reubicación forzada a una zona sin tránsito de personas ha dejado sus ventas en ceros.

“Allá no pasa nadie que consuma. Este es el puerto principal, donde siempre hemos vendido. Allá, lo que vendemos no alcanza ni para el almuerzo”, indicaron.

Una lucha que sigue viva

Las trabajadoras acudieron a la CTC buscando respaldo y visibilización. El presidente de la Confederación, John Jairo Caicedo, acudió personalmente al lugar para verificar la situación. Las mujeres exigieron lo mínimo: poder trabajar donde históricamente lo han hecho, con garantías y sin persecución.