Colombia ratifica el Convenio 190 de la OIT: un paso histórico hacia un trabajo libre de violencia y acoso

Con la aprobación en último debate legislativo, Colombia ratificó oficialmente el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), marcando un hito en la protección de los derechos laborales y en la construcción de espacios de trabajo libres de violencia y acoso, especialmente por razón de género.

Este convenio internacional fue adoptado el 21 de junio de 2019, durante la 108ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en el marco del centenario de la OIT, y entró en vigor el 25 de junio de 2021. Desde entonces, ha sido reconocido como el primer instrumento internacional vinculante que garantiza el derecho de toda persona a un entorno laboral seguro y respetuoso.

¿Qué establece el Convenio 190?

El Convenio 190 establece un marco claro para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo de manera explícita la violencia de género. Parte del reconocimiento de que estos fenómenos constituyen violaciones a los derechos humanos y son una amenaza directa al trabajo decente.

Puntos clave del convenio:

 Reconocimientos fundamentales:

  • La violencia y el acoso en el trabajo vulneran los derechos humanos.

  • Impactan negativamente en la salud física, mental y económica de las personas.

  • Afectan de forma desproporcionada a las mujeres y a grupos históricamente vulnerables.

 Definiciones principales:

  • Violencia y acoso: Conductas inaceptables, sean repetidas o no, que puedan causar daño físico, psicológico, sexual o económico.

  • Violencia y acoso por razón de género: Actos motivados por el sexo o género de una persona, o que afectan mayoritariamente a un género específico. Incluye el acoso sexual.

 

 

Cumbre Social, Política y Popular

Este lunes 19 de mayo se llevó a cabo la Cumbre Social, Política y Popular, un espacio de articulación de organizaciones sociales, sindicales y políticas, donde se expresó con firmeza el rechazo al bloqueo institucional que sectores del Congreso —especialmente el Senado— han impuesto a las reformas sociales impulsadas por el Gobierno Nacional.

Durante la jornada, los voceros de la Cumbre denunciaron el archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado y el hundimiento del proyecto de consulta popular en la plenaria.