::: CTC [ Confederación de Trabajadores de Colombia] :::

La Confederación de Trabajadores de Colombia –CTC-, considera que la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, no debe circunscribirse a establecer la cifra de ajuste del salario mínimo a finales del año, numerosas veces con muchos afanes y presiones de tiempo; por eso valora positivamente el anuncio de iniciar pronto las conversaciones para, con mayor reposo, proponer temas más amplios y de mayor contenido para que la deliberación se haga más rica y sus resultados más benéficos, porque los temas salarial y laboral son algo más que la fijación cuantitativa del salario.

Los últimos veinte años se han caracterizado por un deterioro ostensible de la remuneración de los trabajadores. A comienzos de la década de los años noventa, el argumento en moda de empresarios y Gobierno para responder a las justas aspiraciones de los trabajadores era que un mayor aumento originaba procesos inflacionarios que empobrecería a los asalariados y generaría nocivas repercusiones en todo el funcionamiento económico.

Posteriormente, en lo corrido de la presente década, cuando la inflación ha sido dominada, el argumento se ha movido hacia los efectos negativos que los aumentos del salario real producen en la generación de empleo. De esta forma, los mayores salarios de la ocupación formal tendrían como costo la informalidad, el desempleo y las secuelas de miseria y descomposición social que se derivarían de la mayor remuneración de los trabajadores formales.

Con estos argumentos, la alianza entre empresarios y Gobierno ha impuesto los ajustes salariales que han empobrecido a los trabajadores colombianos.

El deterioro de las condiciones laborales originadas en las leyes 50/1990 y 789/2002, con el argumento de flexibilizar el mercado laboral para generar mayores plazas de trabajo y fomentar la competitividad, eliminaron derechos básicos del trabajo y fomentaron la proliferación de forma ominosas de contratación que promueven sistemas esclavistas de explotación. Contrario a su exposición de motivos, las consecuencias de estas leyes han sido la reducción de los costos laborales, pérdida de prestaciones adquiridas, mayor desempleo, deterioro de los términos de contratación y de las condiciones de trabajo, y el aumento de la pobreza de los colombianos.

La inoperancia, pereza o complicidad del Estado, que en vez de impulsar los mecanismos coercitivos requeridos para que se aplique el salario mínimo en todos los contratos laborales, hace coro a quienes pregonan el infundio que la violación sistemática de la norma se resuelve eliminándola, es decir, desapareciendo del ordenamiento institucional la existencia de dicho salario. Esto conduciría a la fijación salarial por la oferta y la demanda, donde los salarios descenderían por debajo de los niveles más bajos de subsistencia.

A lo anterior hay que agregar el peso de las mayores contribuciones que han gravado a los sectores populares, mientras que el capital se ha visto favorecido por todo tipo de exenciones, subsidios y adehalas que han incentivado su acumulación de riquezas.

El resultado de este comportamiento ha sido el empobrecimiento del trabajo y de la sociedad colombiana:

La pobreza abate el 50% de la población, con el agravante de la existencia de más de ocho millones de indigentes.

En 1990 la remuneración de los asalariados era 37.4% del PIB, en el 2000 ya es de 34.4% y en el 2007 se ha reducido al 31.1%, lo que implica que en el lapso de diecisiete años se ha perdido el 16.9% de la importancia salarial en el PIB. Hay que esperar las estadísticas del 2008 y 2009 para lamentar sus amargas sorpresas.
La tasa de desempleo se encuentra alrededor del 15%, con sectores como los jóvenes con tasas superiores al 25%;

La informalidad bordeando 60%.

El hambre que se enseñorea en amplios sectores de la población.

La ausencia de estudio en niños y jóvenes y la deserción, por carencia de recursos económicos, para sostener su escolaridad son un presagio de la baja capacitación de las futuras generaciones trabajadoras.

Los trabajadores atribuimos una relación de causalidad entre todos estos males y las políticas laborales y salariales existentes.

Las consecuencias económicas de este lamentable estado de cosas son las limitaciones que produce en el mercado interno y el crecimiento económico.

A raíz de los conflictos con los países vecinos se han manifestado las angustias de empresarios y Gobierno por la búsqueda de nuevos mercados. Pero esta azarosa situación es la cosecha de las políticas de años anteriores. En vez de haber contribuido al fortalecimiento y diversificación de una sólida demanda interna, se han privilegiado los mercados externos, sobre los cuales Colombia no ejerce ningún dominio y, mucho menos, soberanía.

El crecimiento económico ha sido totalmente errático. Su evolución depende de los acontecimientos externos. Una sociedad equitativa y con capacidad económica que permita la absorción de su producción nacional, será menos vulnerable a los comportamientos, caprichos y veleidades de la economía internacional; y, a la vez, su autonomía y soberanía nacional serían más respetables.

La realidad que nos abruma es la que en síntesis hemos reseñado. Para contribuir a resolverla, es fundamental presentar alternativas de solución, teniendo en cuenta los intereses de la sociedad colombiana y no la de algunos sectores privilegiados. En este orden de ideas hacemos algunas consideraciones:

En las soluciones propuestas por diferentes analistas y centros de investigación de alta respetabilidad por la tecnocracia pública y privada, profusamente difundidas por los diferentes medios nacionales, no se descubre ninguna novedad. Todos se aferran, en una u otra forma y con algunas diferencias de matices, a la repetición de las recetas ya fracasadas de reducir los costos laborales. A nivel de hipótesis: sus conceptos serían productos de extrema rigidez intelectual, o lo que sería muy grave, el propósito de congraciarse con intereses y opiniones dominantes.

Los trabajadores tenemos la convicción que para elevar la productividad, acelerar la generación de riqueza y contribuir a la paz política y social, desde el punto de vista económico es imprescindible deponer intereses mezquinos y enderezar los compromisos personales, de empresarios y trabajadores, en función del desarrollo y bienestar de todos los integrantes de la sociedad, sin discriminación ni excepciones.

Consideramos que la apertura intelectual a modalidades alternativas de conducir la economía, la sociedad y el Estado, diferentes a las que ya han demostrado su fracaso, sería un interesante ejercicio de grandes beneficios económicos y sociales.

Como siempre lo hemos considerado y lo hemos expresado, el ajuste del salario mínimo, como referente de la política salarial del país, es un aspecto importante en el nivel de vida de los trabajadores, pero no es suficiente. Una valoración sencilla de cómo últimamente han evolucionado la cohesión social, el crecimiento económico y la estabilidad política, no permite permanecer desapercibidos de su comportamiento.

La protección del salario mínimo, es también un factor muy importante y se requieren políticas públicas en este aspecto para evitar que el ajuste salarial no pase de ser un embeleco que deja en la misma difícil situación a los trabajadores y trabajadoras.

La Confederación de Trabajadores de Colombia –CTC-, acude a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales con esta propuesta y con el ánimo de escuchar alternativas y propuestas de los otros sectores, que nos lleven a una concertación satisfactoria para todas las partes, con lo cual, el Pueblo Colombiano resultaría favorecido, pues es la suma de los sectores deliberantes.